La Superintendencia de Sociedades exige a ciertas sociedades bajo su supervisión implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT) y un programa de transparencia y ética empresarial (PTEE).
Quién está obligado
La obligación depende de tres variables: que la sociedad esté vigilada, controlada o inspeccionada por la Superintendencia; el sector económico en que opera, y el monto de sus ingresos totales o de sus activos al cierre del ejercicio anterior. Los umbrales están fijados en la Circular Básica Jurídica y son más bajos para sectores de mayor riesgo, como el inmobiliario, la construcción, la minería, el comercio de vehículos y los servicios jurídicos y contables.
Las sociedades que no alcanzan los umbrales del sistema completo pueden estar sujetas a un régimen de medidas mínimas, de modo que la evaluación debe hacerse cada año con los estados financieros aprobados.
Qué implica
El sistema exige identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo; designar un oficial de cumplimiento; aplicar debida diligencia sobre clientes, proveedores, accionistas y empleados, y reportar operaciones sospechosas a la UIAF. El PTEE, por su parte, se enfoca en la prevención del soborno transnacional y la corrupción.
El incumplimiento puede dar lugar a multas y a órdenes de la Superintendencia. Por eso recomendamos documentar cada año la evaluación de si la sociedad está obligada, incluso cuando la conclusión sea negativa.
Este artículo es informativo y no reemplaza una asesoría sobre su caso concreto.